Hay que estar vigilantes...

Foto tomada de Diario El Comercio

El pasado viernes 17 de diciembre, el trabajo de los periodistas de la revista Vanguardia fue interrumpido violentamente por policías del Grupo de Intervención y Rescate (GIR). Sí, la primera impresión del hecho causa sorpresa, pero todo obedeció a una orden que autorizaba a irrumpir en las instalaciones de ese medio de comunicación para reclamar el pago de $14 560 por una supuesta deuda de la revista con los dueños del inmueble donde ésta funciona. Y resulta que el famoso Fideicomiso AGD CFN No Más Impunidad, es decir el Estado, es el propietario actual de la casa de Vanguardia, debido a la incautación a su dueño original, Alejandro Peñafiel, accionista principal del extinto Banco de Préstamos. Y fue justamente la Unidad de Gestión y Ejecución de Derecho Público del mencionado fideicomiso la que emite la orden denominada en términos legales un "auto de pago".

De lo que primero se preocuparon en hacer varios gendarmes del GIR, encapuchados y armados, junto con funcionarios del Fideicomiso, fue despojar de la redacción las computadoras de los periodistas, en la cuales se archiva importante información, según lo ha manifestado Juan Carlos Calderón, editor general de la revista. Pero lo que inquieta es que si la razón de la "visita" de los representantes del fideicomiso y de la policía era para exigir el pago de un asunto de inquilinato, por qué se incautan las bases de datos de Vanguardia e incluso se conoce que los uniformados revisaron cosas personales de los comunicadores, como maletines, carteras, etc.

Vanguardia ha adoptado una línea crítica hacia el gobierno actual, pero el profesionalismo de esta revista se ha traducido en un responsable manejo de fuentes, basado en una acertada contrastación de ellas, lo que aseguran el desarrollo de productos periodísticos imparciales por parte de este medio de comunicación.

¿Signos de retaliación oficialista? ¿Miedos desde el poder? Hay que estar vigilantes de que el periodismo independiente del Ecuador no sufra amenazas que afecten a su libre ejercicio, al derecho de cuestionar e informar irregularidades y asuntos que ponen nerviosos a los líderes de la Revolución Ciudadana.